Las consecuencias se hacen evidentes con el paso del tiempo.
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Mujeres caminan por el lecho seco del río Blanco.
A este río no le faltaba agua. Fue perdiendo los bosques y comenzaron a cargar la arena los distribuidores de las ferreterías.
Un río que antes era una maravilla y lo usábamos para recrearnos, para los oficios, y mira cómo lo han acabado.
Venía mucha gente a bañarse, a recrearse, a sentarse bajo la sombra. Ahora la gente vive tirando basura, y por eso el río está más sucio por todos lados.
Este río sufrió por más de 100 camiones que entraron a sacarle material.
Aquí había charcos en los que uno no se atrevía a tirarse, pero ahora es un arroyo.
Del flujo de caudales que ven, la mayor parte de esos volúmenes son aguas albañales, cloacales, de granjas de cerdos que las depositan acá.
Esa era el agua que uno bebía; tenía como un dulcito. Ahora mismo, usted la huele y huele como a aguas negras.
Duro dos y tres meses sin bajar al río nada más para no ver las condiciones en que está. Ese no es el río de cuando yo estaba joven.
En los últimos años, el país ha multiplicado los anuncios de proyectos para rescatar sus ríos. En el 2023, se relanzó el Plan Nacional de Cuencas Prioritarias, que concentra esfuerzos en los ríos Yuna, Yaque del Norte, Ozama–Isabela, Nizao, Yaque del Sur, Ocoa e Higüamo. En papel, los proyectos suman cientos de millones de dólares en financiamiento internacional; en el terreno, los resultados aún son desiguales.
Solo un proyecto para la gestión sostenible de la cuenca costera del Yuna contempla un préstamo por 11.5 millones de dólares. En paralelo, el Proyecto Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos (Pargirh), con otro préstamo de 80 millones de dólares, promueve la gestión integral del Yaque del Norte y el Ozama–Isabela. En el sur, el proyecto CRYS prevé 20 millones de dólares en financiamiento para mejorar la resiliencia ambiental del Yaque del Sur.
También están el programa From Ridge to Reef, con 34 millones de dólares para manejo de cuencas y proyectos comunitarios, y otro proyecto por 18 millones de dólares para impactar la cuenca de Pedernales, más iniciativas privadas que aportan millones en fondos.
En el centro del país, el Proyecto Nizao–Ocoa ha restaurado más de 4,400 tareas, beneficiando a 575 familias y reforestando la zona con café y frutales. Pero no ha sido suficiente, pues en octubre de este 2025, el Ministerio de Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) firmaron una alianza para, mediante más financiamiento internacional, trabajar durante cinco años en la neutralidad de la degradación de la tierra para una mayor resiliencia al cambio climático también en las cuencas de los ríos Nizao y Ocoa.
La estación de transferencia de basura de Cancino está ubicada justo al lado del río Ozama. (DL/Marvin del Cid)
Peces muertos en el río Yaque del Sur, Azua. (DL/Neal Cruz)
La basura flota en el río Yamí, en La Vega. (DL/Luduis Tapia)
El río Moca se ha reducido a un canal contaminado, lleno de basura. (DL/Luduis Tapia)
Mientras corren los planes y proyectos, en Bonao, Valentín Ramírez recuerda un Yuna cristalino y arbolado. Ahora ve un cauce desgastado, camiones que entran a diario y un vertedero a 400 metros de la orilla que empuja basura al agua.
En La Vega, el río Verde ya casi no fluye. "Aquí había charcos en los que uno no se atrevía a tirarse, pero ahora es un arroyo", lamenta Idalio Moronta, de 79 años. A su lado, líderes comunitarios recuerdan cómo advirtieron por años sobre la extracción de arena y la deforestación sin que llegara ayuda. Las sanciones, dicen, "se volvieron un tributo al delito".
En la provincia Espaillat, una mujer grita al ver al equipo de Diario Libre: "¡Hay que hacerle un límite al río! ¡Todo el mundo tira basura!". En el río Moca, lo que circula ya no es agua sino desechos cloacales. Fundas plásticas, neumáticos y sofás se mezclan con los residuos porcinos que bajan principalmente desde Jamao y El Mogote. Ese veneno se escurre hacia los ríos Licey y Camú.
En el tramo que une La Vega y Espaillat, el Licey pasa oscuro y hediondo. En la ribera, se vierten desechos de criaderos de cerdos y el hedor es comparable al de una letrina saturada.
En Santiago, el Yaque del Norte tampoco escapa. Quienes conocieron el "Yaque dormilón" hablan de un río donde las familias se bañaban sin miedo. Hoy, lo que corre recibe aguas residuales e industriales; de cada seis metros cúbicos que consume la ciudad por segundo, 4.5 vuelven al cauce sin tratamiento.
En el Isabela el contraste es brutal: un río pestilente convive con pequeños balnearios improvisados. Aquí, familias se bañan en manantiales cercanos sin meditar que, pocos kilómetros más arriba, los lixiviados del inmenso vertedero de Duquesa desembocan en el mismo cauce que termina abrazándose con el río Ozama en un mismo olor nauseabundo.
Más al sur, en lo que fue el inmenso río Haina, en un tramo hoy fluye apenas un hilo de agua. El lecho está destruido, cubierto de basura y sin peces que sobrevivan. Entre las piedras, los huevos rosados del dañino caracol manzana proliferan sin control.
A su paso por el municipio Los Alcarrizos, decenas de granceras levantan montañas de arena a pocos metros del cauce de Haina, mientras en Villa Altagracia el arroyo Novillero se volvió una cañada de aguas negras.
"Usábamos su agua para todo —recuerda Félix Sepúlveda, agricultor de Pedro Brand—, pero desde hace tiempo tuvimos que hacer pozos y comprar botellones para beber". Rufino Henríquez, en cambio, extraña los saltos desde una barranca hacia el charco donde ahora solo hay basura.
El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras, ha reconocido la necesidad de fortalecer la persecución de los crímenes ambientales a través de una mayor coordinación con las entidades destinadas al resguardo de los recursos naturales.
Su objetivo es llevar ante los tribunales casos que culminen con sentencias condenatorias, como el año de prisión suspendida y el pago de una indemnización de 25 millones de pesos impuestos en el 2024 al propietario de una compañía y a su empresa por el vertido de desechos en las aguas del río Licey.
Pero además de la contaminación, el procurador ha advertido que a la extracción de agregados en las cuencas estarían migrando personas vinculadas a otras actividades ilícitas, al considerar que este negocio ilegal les permite lavar dinero con mayor facilidad.
En enero del 2025, el presidente Luis Abinader indicó que la explotación ilegal de agregados "se parece casi al narcotráfico". "Es un negocio muy delicado y lo estamos combatiendo", afirmó.
En el país se prohibió la extracción de arena y grava en los lechos y las llanuras de inundación de los ríos para evitar su degradación. No obstante, se permitió una excepción: la canalización en zonas donde los cauces representan riesgo para comunidades o infraestructuras. Solo pueden ejecutarla instituciones estatales autorizadas, y los materiales obtenidos deben usarse en la misma obra, sin fines de venta. En la práctica, se irrespeta.
El Ministerio de Medio Ambiente emitió más de 440 sanciones administrativas entre el 2023 y el 2024, en contra de infractores de las normas ambientales. La más costosa se impuso en mayo del 2024, por 20.4 millones de pesos, a una empresa de agregados.
El país está dividido en seis regiones hidrográficas: Yaque del Norte, Atlántica, Yuna, Este, Ozama–Nizao y Yaque del Sur. La demanda de agua para consumo humano, turístico e industrial supera los 1,200 millones de metros cúbicos anuales, concentrada en las regiones Ozama–Nizao y Yaque del Norte. Pero la disponibilidad es desigual y muchas cuencas están sobreexplotadas.
En la frontera, el río Blanco de Jimaní aparece solo con lluvias fuertes, bajando con violencia y dejando piedras y sedimentos. La deforestación masiva en las montañas haitianas desnuda la cuenca; la tragedia por una crecida en el 2004 —más de 400 muertos— sigue como cicatriz abierta. También está un deprimido río Ocoa. Así como es de ancho y largo, así de grande es su falta de agua.
El Plan Hidrológico Nacional 2025–2045 admite que los ríos del país presentan degradación y que procesos de planificación previos tuvieron debilidades por la no disponibilidad de una línea base ordenada, ni indicadores establecidos para medir su evolución o desarrollo. Y, una vez elaborados, los planes no se oficializaron.
En la Cámara de Diputados, la comisión de Medio Ambiente discute proyectos que buscan frenar el deterioro. Una es la propuesta de “Ley de salvaguarda contra la extracción ilegal de arena y residuos sólidos en ríos”, presentada por la diputada Carmen de la Rosa, que contempla sanciones de hasta 10 años de cárcel.
Otro proyecto pide declarar en estado de emergencia el río Nizao, mientras otras resoluciones plantean más planes de saneamiento para el Higüamo y el dragado del Nigua. En La Altagracia, una propuesta solicita investigar la contaminación de los ríos Duey, Yuma y Quisibani.
Mientras, el deterioro también alcanza a los bastiones de Santo Domingo. El Ozama–Isabela concentra la paradoja: el Poder Ejecutivo sumó otra iniciativa a las tantas aprobadas por los gobiernos durante décadas, al dictar el Decreto 531-25 que declaró su recuperación “de alta prioridad”, mientras la estación de transferencia del sector Cancino sigue activa en su ribera, emanando basura y lixiviados.
El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria advirtió sobre bacterias resistentes a antibióticos en varios ríos urbanos, con especial énfasis en el Ozama–Isabela, el Yaque del Norte y el Yaque del Sur. En algunos tramos, más del 40 % de las muestras presentan genes de resistencia bacteriana, lo que representa una amenaza sanitaria creciente.
Estudios recientes en el Ozama ya habían reportado casos aislados clínicamente relevantes y multirresistentes, subrayando el riesgo sanitario de un río que recibe decenas de cañadas y descargas industriales.
Los millones invertidos en proyectos han permitido limpiezas, reforestaciones y colectores en puntos específicos. Pero sin continuidad, autoridad hídrica fuerte y sanciones efectivas, los avances se evaporan.
El Banco Mundial suma en el país más de 370 millones de dólares en agua y saneamiento en la última década. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con Rescate Ozama, ha retirado cientos de toneladas de residuos, y el Banco Popular Dominicano ha aportado unos 40 millones de pesos para reforestaciones y conservación hídrica.
Las tres entidades coinciden en que los proyectos para rescatar los ríos han tenido logros puntuales, pero se necesita un impacto duradero que trascienda la continuidad de Estado y se evite la dispersión institucional en el tema.
En las cuencas donde hay mayor problema de agua es donde hay mayor agricultura. “Por ejemplo, la cuenca del Yaque del Norte, la del Yaque del Sur, Yuna, donde el balance hídrico ahí es prácticamente menor a la demanda”, observa Juan Sierra, director de Aguas del Viceministerio de Suelos del Ministerio de Medio Ambiente.
Señala el cambio de uso de suelo como una problemática que alienta la destrucción de los ríos. “El Banco Agrícola financia plantaciones de café en las cuencas altas de los ríos (...), eso es criminal”, dice como ejemplo de la consecuencia de la dispersión institucional. El café es un cultivo que, si no se maneja con técnicas de conservación, provoca erosión y pérdida de cobertura boscosa.
El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, advierte que se necesitan programas de reforestación y prohibir la siembra en cuencas altas. “Es un trabajo de las autoridades ambientales y municipales, que deben imponer la ley por encima de cualquier agricultor”, afirma.
Para contrarrestar los cultivos, Medio Ambiente cuenta con un proyecto de pago por servicio ambiental para darles dinero a los campesinos a cambio de que no siembren en la parte alta de la cuenca. Sin embargo, la falta de recursos limita su pleno funcionamiento.
La Oficina del Banco Mundial en el país advierte que es necesario contar con un marco regulatorio adecuado —como el que planteó el proyecto de ley de aguas, pendiente de aprobación— y establecer un sistema de derechos de agua basado en el interés público.
“La gestión inadecuada del agua en la República Dominicana está generando tensiones crecientes entre sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria, lo cual afecta el desarrollo económico del país”, enfatiza.
La representación local del PNUD reconoce avances en limpieza y educación ambiental, aunque frágiles sin respaldo sostenido del Estado; y el Banco Popular destaca reforestaciones y humedales, pero subraya que la presión poblacional sobre las riberas exige una respuesta institucional más firme.
“La recuperación ambiental no termina en un día porque el estado de degradación que han sufrido nuestros bosques es por años”, alerta Sierra.
Juan Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), agrega el punto ciego: “El proyecto dura hasta que dure el financiamiento. Te queda el efecto residual de la memoria de la gente durante unos meses, que se va degradando hasta que desaparece completamente. Y si no hay una intervención rápida de otra acción de proyecto, se diluye completamente”.
Saldaña remata: “La problemática de todos los proyectos que yo he analizado se llama sostenibilidad. Ningún proyecto incluye dentro de su financiación o de su ejecución lo que tiene que ver con el seguimiento y continuidad. Ninguno”.
Y reafirma: “Vas a encontrar muchísimos proyectos, tanto del Estado, del sector privado, que han tenido un alto impacto durante la ejecución, pero sin recursos para la sostenibilidad posterior. No lo tienen. Entonces, esa es la debilidad fundamental”.
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Pese al deterioro, en distintas cuencas hay señales de recuperación. En 10 años, la masa boscosa del país ha crecido, según inventarios de la FAO.
El saneamiento del arroyo Gurabo en Santiago redujo en un 25 % la contaminación que vertía al Yaque del Norte, y el Plan Sierra ha protegido bosques y manantiales que abastecen comunidades enteras. En Bonao, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene viveros y programas de reforestación en la cuenca del Yuna.
De hecho, los programas de Cuenca Prioritaria y el Plan Nacional de Reforestación son los más exitosos del ministerio en cuanto a resultados. A la fecha se ha reforestado más de 3,000 tareas.
Medio Ambiente impulsa acciones conjuntas con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para combinar infraestructura con soluciones basadas en la naturaleza.
En la presa de Valdesia, se desarrolló un programa para la extracción controlada de sedimentos junto con la cooperativa local CoopMuchaagua, como plan piloto para reducir el azolvamiento y generar empleo comunitario. Es un ejemplo de trabajo en las presas para evitar que el desprendimiento de la capa arable baje a la presa.
En Nizao, se han intervenido zonas degradadas con árboles forestales. De forma paralela, Medio Ambiente desarrolla programas de pagos por servicios ambientales para incentivar la conservación, aunque estos trabajos siguen siendo tímidos y necesitan más recursos.
En sus esfuerzos por fomentar la conciencia ambiental, la Dirección de Aguas de Medio Ambiente organizó 14 jornadas de sensibilización y múltiples actividades educativas en las subcuencas Mahomita y Muchas Aguas, impactando a más de 1,200 jóvenes.
En Santo Domingo, desde el 2011 la fundación Ozama Verde impulsa el programa Escuela Verde, creado en alianza con el Ministerio de Educación. "Enseñamos a los estudiantes de primaria y secundaria sobre reciclaje, cambio climático y saneamiento; luego hacemos jornadas de limpieza y reforestación", explica Carlos Perkins Torres, quien la preside.
Con ese modelo, cientos de jóvenes han limpiado cauces, plantado árboles y enseñado a sus familias a separar la basura desde el origen. "La educación —dice— es el primer paso para sanar el río".
Los años también trajeron nuevas iniciativas. Desde la red Amigos del Río Ozama, comunidades enteras reportan agresiones y vertidos al cauce. "Cuando alguien ve a una empresa o ciudadano que daña el río, nos avisa y denunciamos", indica Torres. Es un sistema de vigilancia ciudadana que abarca provincias como Monte Plata y Santo Domingo, y que ha permitido crear conciencia incluso en zonas rurales.
Para enfrentar el problema de la continuidad, Juan Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional del Indrhi, menciona una estrategia para el 2026: articularse con el Ministerio de Hacienda, para que en la medida que cualquier institución del sector agua pida dinero para un proyecto, se le pregunte con qué objetivo del plan ecológico está conectado.
¿Para qué? Para poder atar los recursos a una visión país de construcción de largo plazo.
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El río Blanco de Jimaní, que alguna vez bajó con fuerza desde las montañas haitianas de la cordillera de la Selle hasta llegar a la provincia Independencia en la frontera dominicana, hoy está convertido en un lecho árido, cubierto de grava, piedras y sedimentos.
Desde hace más de 60 años, sus aguas solo corren con intensidad durante tormentas o lluvias fuertes, pero lo hacen de manera violenta: erosionan terrenos, destruyen propiedades agrícolas y arrastran materiales que impiden el crecimiento de nueva vegetación. Lo que antes fue fuente de vida, ahora se percibe como amenaza. En ocasiones, cuando baja limpio, sirve para riego y consumo, pero lo habitual es que llegue cargado de residuos.
El mayor cambio ocurrió en la cuenca alta del lado haitiano, donde la deforestación ha sido masiva. La presión del consumo de carbón vegetal en Haití dejó montañas desnudas, sin árboles que frenen la erosión ni regulen el ciclo del agua. Ese deterioro ambiental también impacta a Jimaní, donde la pérdida de bosques ha incrementado la escorrentía y la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas.
Cada tormenta puede convertirse en un torrente incontrolable, arrastrando tierra, piedras y todo lo que encuentra a su paso, como lo sucedido con las lluvias dejadas por el huracán Melissa, el 29 de octubre del 2025, que despertaron el río y provocaron que creciera con fuerza.
Sin embargo, la fragilidad del Blanco quedó marcada en mayo del 2004, cuando con una crecida repentina, alimentada por lluvias intensas en la cordillera de la Selle, se desbordó de madrugada y provocó más de 400 muertes, cientos de desaparecidos y un pueblo traumatizado para siempre.
Aunque en Haití el corte de árboles se tolera culturalmente, en ambos países es ilegal hacerlo sin permisos. La presión sobre la cobertura forestal sigue siendo crítica: entre 2001 y 2024, Haití perdió más de 81,000 hectáreas de bosque, casi un 10 % de su cobertura arbórea del año 2000, según datos del portal Global Forest Watch.
Frente a esta crisis, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ha presentado promesas para rescatar el río Blanco y garantizar agua a los productores de Jimaní. Entre sus propuestas figuran proyectos agropecuarios, un sistema de tuberías para reducir pérdidas por evaporación y un mecanismo de infiltración controlada en el subsuelo —conocido como “tamponamiento”— para almacenar y aprovechar mejor el agua disponible.
Hasta ahora, lo logrado es poco. Los productores dependen de bombas sumergibles distribuidas por sectores para abastecerse en turnos de día y de noche. El resto de los proyectos —las tuberías y el sistema de infiltración— sigue en fase de planificación, sin avances tangibles.
El río Camú pasó de ser una de las maravillas del pueblo vegano a un cuerpo de agua con tantas problemáticas como letras en el abecedario. El impacto de la deforestación, la crianza de ganado, la minería y la contaminación urbana lo han aniquilado, reduciendo drásticamente su caudal en cuestión de décadas.
José Ramírez, conocido como Chepe, creció en Bayacanes, a 200 metros del río. A sus 64 años, relata con nostalgia el lujo que representaba para él y sus amigos disfrutar del abundante caudal del Camú en su infancia.
"Aquí —en El Badén, un paraje del Camú— este río sufrió por más de 100 camiones que entraron a sacarle material", cuenta con indignación.
Ver la explotación constante del Camú no solo lo ha afligido, sino que lo ha convertido en un ferviente defensor de los recursos naturales de su provincia. Desde hace más de dos décadas se integró a la lucha y hoy es secretario de la organización Voces del Camú y presidente de la Asociación Pro-Desarrollo de Bayacanes.
Este río nace en la Cordillera Central y recorre 101 kilómetros. Sus principales afluentes son los ríos Licey y Jima, y los arroyos Yamí, Bayacanes, Pontón, Guaigüí y Cenoví.
Al recorrer distintos tramos del Camú —que abastece a más de 440,000 personas en la provincia La Vega y zonas aledañas— se evidencia una alarmante pérdida de recursos, y cada historia resulta más devastadora que la anterior.
En la zona urbana, el crecimiento demográfico representa un desafío serio, pues la contaminación ha comprometido la calidad del agua tanto como su cantidad. En algunos puntos cercanos a la ciudad pueden observarse residuos sólidos flotando en el cauce.
La extracción de arena es una práctica tan común que la población conoce los horarios y zonas preferidas para estas actividades ilícitas. Antes se realizaban a cualquier hora; hoy los infractores optan por madrugar para evitar confrontaciones.
Alrededor de las 8:00 de la mañana de un martes, Diario Libre captó en los predios de El Badén un camión cuyas gomas húmedas aún mostraban el rastro reciente del delito.
El presidente de Voces del Camú, Joel Quezada, advierte que la degradación del río y sus afluentes afecta directamente el acceso al agua potable de los veganos y pone en riesgo la biodiversidad. Denuncia la falta de voluntad política y el escaso control de las autoridades, y estima que en los años 90 el caudal era de cinco metros cúbicos por segundo, mientras que hoy se encuentra por debajo de 0.5.
A esto se suman los problemas ambientales causados por la agricultura descontrolada y los desechos del ganado vertidos directamente al río.
En lo que alguna vez fue el inmenso río Haina, en un tramo hoy corre apenas un fino hilo de agua, que se abre paso entre un suelo accidentado por los agujeros y montones de piedras que deja la extracción de materiales para la construcción.
El lecho luce destruido, cubierto de basura y sin peces que puedan sobrevivir a la contaminación. Entre las piedras se observan los huevos rosados del caracol manzana, una plaga invasora que prolifera sin competencia.
La cuenca del río Haina abarca unos 564 kilómetros cuadrados. De esa superficie, el 83 % se encuentra en la provincia San Cristóbal —principalmente en el municipio de Villa Altagracia y en menor medida en Bajos de Haina—, mientras que el 17 % restante corresponde a la provincia Santo Domingo, que incluye partes de Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste.
Decenas de empresas se han instalado a orillas del río, a la altura de Los Alcarrizos, principalmente granceras que modifican el terreno para abrirse paso dentro del cauce. A pocos metros del afluente, acumulan montañas de arena que luego son transportadas en camiones por la Circunvalación de Santo Domingo.
Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente, realizado en el 2021, determinó que más de una decena de empresas contaminaban el río. Desde entonces, se han sumado nuevas industrias y la variedad de compañías es aún mayor.
Más arriba, el pueblo de Villa Altagracia ha convertido el arroyo Novillero —que desemboca en el Haina— en una cañada de aguas negras y basura. Sus habitantes admiten que prefieren lanzar los desechos allí antes que esperar el camión recolector, que pasa solo los lunes. Al mismo tiempo, reclaman al Gobierno la construcción de muros de gaviones para evitar que la corriente siga socavando la orilla y los cimientos de sus viviendas.
Villa Altagracia ha crecido y con ella la cantidad de contaminantes que produce. El pueblo pasó de 75,299 habitantes en el 2002 a 97,620 en el 2022, según los censos de población.
A pocos metros de donde se incorpora el flujo putrefacto, cuatro niños se bañan en el agua turbia. El agricultor Félix Sepúlveda, de 63 años, creció a la orilla del río, en la comunidad Los Corozos de Pedro Brand. Recuerda un caudal que duplicaba al actual y una abundancia de camarones que atrapaba con las manos, atraídos por yuca triturada.
"Usábamos su agua para todo", dice, "pero desde hace tiempo tuvimos que hacer pozos y comprar botellones para beber".
En Villa Altagracia, Rufino Henríquez, de 54 años, rememora que antes se lanzaba desde lo alto de una barranca hasta un charco del arroyo Novillero, hoy convertido en un botadero de basura y una cañada pestilente.
Este panorama de destrucción medioambiental persiste pese a las promesas del Gobierno y de las empresas de restaurar el recurso mediante iniciativas como el Fondo Agua Santo Domingo. Desde hace años se habla también sobre la construcción de una presa para abastecer de agua a la capital.
Con sus aproximadamente 68 kilómetros de longitud, el río Higüamo atraviesa gran parte del territorio de San Pedro de Macorís y La Romana.
En los últimos años se ha convertido en un símbolo de crisis ambiental: otrora fuente vital de pesca, recreación y agua dulce, hoy su cauce es víctima de descuido, contaminación e impunidad.
El Higüamo recibe descargas industriales, domésticas y agrícolas que han degradado gravemente la calidad de sus aguas. Los residuos sin tratamiento, los pesticidas y los vertidos tóxicos han afectado su fauna acuática y la vegetación ribereña, alterando por completo el equilibrio ecológico de la zona.
En los barrios próximos al río, los residentes denuncian la acumulación de basura, la presencia de vertederos improvisados y la falta de un sistema eficiente de recolección. Muchos aseguran que, ante la ausencia de servicios, se ven obligados a quemar los desechos o arrojarlos al cauce.
En el plano ecológico, la crisis del Higüamo también impacta los manglares y las zonas costeras donde el río desemboca. Los ecosistemas estuarinos, antes ricos en biodiversidad, muestran ahora signos de colapso ante la carga continua de contaminantes que llega desde el interior.
El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado varios proyectos dirigidos a la cuenca del Higüamo, centrados en la educación ambiental, la restauración de riberas y la gestión de residuos. No obstante, los resultados siguen siendo limitados frente a la magnitud de la degradación y la falta de un seguimiento sostenido.
Hoy, el perfil del río Higüamo es el de un cauce al límite: con contaminación persistente, infraestructura insuficiente, comunidades afectadas y promesas incumplidas.
Revertir su deterioro exige el compromiso conjunto del Estado, las empresas y la ciudadanía, así como una acción urgente y sostenida, antes de que las aguas que alguna vez dieron vida terminen por extinguirla.
Francisco Cruz ha sido testigo de cómo el río Inoa, uno de los principales afluentes del municipio San José de las Matas, ha ido disminuyendo gradualmente a lo largo de los años.
El río en el que aprendió a nadar de niño ahora se seca durante meses, sobre todo en verano y en las temporadas de sequía. Es una situación que Cruz observa con frecuencia durante los ocho años que lleva atendiendo su negocio, un pequeño comedor ubicado justo al lado del Inoa, en la localidad del mismo nombre.
Para él, la tala indiscriminada de árboles próximos al cauce y la extracción de arena han agravado el panorama, aunque asegura que actualmente esto "se ve poco" en comparación con hace 20 años. Aun así, ha tenido graves consecuencias para un río que ahora solo arrastra ese material.
Luis Eduardo Peralta, miembro de la Asociación Pro Desarrollo de San José de las Matas, señala que la vulneración de este río comenzó en la década de 1940, con el crecimiento de la población justo en el área donde nace el afluente, siendo uno de los más afectados por actividades como la ganadería de engorde, el conuquismo y los aserraderos, muy comunes en esa época.
"Ahora mismo el caudal está grande porque está lloviendo, pero desde que llega la sequía el estiaje baja a un metro cúbico, medio metro cúbico por segundo, y han llegado tiempos en los que está evidentemente seco", deplora Peralta. Recuerda que las aguas de este río llegaron a ser fuente de la primera hidroeléctrica del municipio.
Otros afluentes como el Amina, el Bao y el Jagua también han visto disminuir su caudal con el paso del tiempo.
El presidente de la asociación, Francisco Antonio Abreu, considera que la situación que viven los ríos en San José de las Matas es "injusta", ante la falta de un plan concreto por parte de autoridades como el Ministerio de Medio Ambiente, tanto para preservar estos recursos como para proveer de agua potable a San José de las Matas, que, a pesar de su acelerado desarrollo económico, adolece de este servicio básico.
Esta carencia ha creado un negocio: decenas de empresas con camiones cisterna que venden las aguas de los mismos ríos a los comunitarios, en una demarcación a la que también le hace falta un sistema pluvial y de alcantarillado actualizado.
"Es contraproducente", lamenta Abreu. "Somos el sostén, en la parte hídrica, de la Línea Noroeste y de gran parte del Cibao".
Navegar el Isabela una mañana es como avanzar sobre una herida abierta. El motor del bote ruge con esfuerzo mientras las aguas oscuras se abren paso entre basura flotante y lilas acuáticas que aumentan hasta formar un denso tapón a pocos metros del puente que une a las avenidas Máximo Gómez y Hermanas Mirabal, río arriba.
"Hasta aquí se puede", dice el capitán, un hombre de avanzada edad. Detiene la embarcación y observa el muro verde que se extiende frente a él. "Solo que venga un fuerte aguacero, esto se destapa", murmura. El plan es llegar hasta donde desembocan los lixiviados que bajan desde el vertedero de Duquesa, uno de los puntos de mayor contaminación del río, pero el tapón vegetal lo impide.
Desde el bote, el aire es espeso y maloliente, cargado de gases que emergen en burbujas desde el fondo del Isabela. A cada estallido, el olor se vuelve insoportable: una mezcla de materia orgánica en descomposición y aguas servidas que desafían la respiración.
Al elevar el dron, la escena que se observa desde el aire se torna más dramática: una alfombra verde de lilas cubre el cauce como si intentara ocultar el cuerpo enfermo del río por casi cinco kilómetros continuos.
Unos días después, en un recorrido por el propio vertedero de Duquesa, la vista del dron ofrece una imagen igual de desoladora. Dos montículos inmensos de basura se levantan como murallas grises y, entre ellos, una laguna negra respira lentamente entre vapores invisibles. Es el corazón líquido del vertedero: un estanque oscuro, de 80 metros de diámetro, formado por filtraciones y lluvias que arrastran los residuos más tóxicos de todo Duquesa.
Desde el más infame de los vertederos dominicanos, los lixiviados se deslizan por dos caminos: uno hacia el norte, con 3.6 kilómetros de recorrido, y otro hacia el sur, de 2.4 kilómetros; ambos se separan apenas un kilómetro antes de unirse al ya lastimado río Isabela.
Muy cerca de estos lixiviados, el arroyo Lebrón, en particular, se ha convertido también en uno de los principales corredores de contaminación, recogiendo desechos desde Los Alcarrizos hasta su desembocadura en el río Isabela.
A tan solo un kilómetro de ahí, el río Higüero entrega sus aguas al Isabela. El paisaje engaña: el agua no luce sucia ni el aire huele a descomposición. Aunque menos contaminado, recoge descargas sin tratar desde el municipio de La Cuaba, en Pedro Brand, aunque en menor medida que el arroyo Lebrón.
A pesar de esto, un joven de unos 30 años, de nombre David, se baña del lado del Higüero. Proviene de Palmarejo, un barrio a unos dos kilómetros del margen sur del río Isabela. "Vengo aquí a bañarme todos los días", dice. Los fines de semana, este punto se convierte en un balneario improvisado donde convergen personas de los barrios cercanos.
"Hace 40 años ya había algo de contaminación, pero no como ahora", cuenta el capitán. Mientras el bote retorna aguas abajo, el contraste es brutal: un caudal apestoso que choca con balnearios de manantiales transparentes, rodeados de pobreza y vertederos improvisados, hasta la confluencia con el Ozama, donde ambos ríos terminan abrazándose en un mismo olor nauseabundo.
Durante años se anunció el cierre de Duquesa, pero los lixiviados siguen fluyendo sin tratamiento. Tampoco ha funcionado la planta de tratamiento de la avenida Jacobo Majluta, que opera a menos del 20 % de su capacidad y no logra captar ni una fracción de las aguas residuales que se prometió sanear.
Los capitaleños saben que el río ya no es río. Lo ignoran en su paso lento, atrapado en su propio cóctel de contaminantes, y hablan de él como se habla de un viejo enfermo que nadie quiere cuidar. Ven con escepticismo que logre algún cambio una nueva promesa estatal de transformarlo: el Decreto 531-25 que declara de alta prioridad nacional la intervención y recuperación de las cuencas de los ríos Ozama e Isabela.
El Isabela —que tiene una longitud de casi 70 kilómetros— ya no corre hacia el Ozama: se arrastra. Y en su respiración maloliente lleva la prueba más contundente de que la contaminación no solo mata el agua, sino también la memoria de un río que alguna vez fue vida, solo vida.
Ricardo Batista describe, apesadumbrado, el estado de las aguas del río donde se crió y se formó como nadador y pescador. Árboles caídos desvían el curso natural del Jaya, represando todo tipo de desechos: basura, enseres, animales muertos, desperdicios de pocilgas, restos de gasolina y escombros que flotan próximos a la ribera.
El Jaya es un afluente del Camú. Cuenta con 99 kilómetros de longitud. A su paso por San Francisco de Macorís se encuentra con la construcción acelerada de casuchas en Barrio Azul, cada vez más adentradas en la ribera y de espaldas al río, lo que ha afectado la calidad del agua.
"El río está más sucio, porque viven tirando basura de todos lados", dice Julia Álvarez, residente desde hace una década en este sector de San Francisco de Macorís.
Pero la contaminación no es la única agresión que ha aniquilado el ecosistema de un río donde en algún momento se reprodujeron carpas y jaibas. También lo ha hecho la extracción sistemática de arena, que se realiza a plena luz del día, en una ciudad con una expansión inmobiliaria que se acerca cada vez más a la ribera.
Diario Libre captó a tres hombres sacando arena con palas y lanzándola a un camión estacionado en el mismo cauce, próximo a un residencial en construcción.
El presidente de la Asociación de Constructores de San Francisco de Macorís, Alben Hernández, dice que los desarrolladores y constructores compran la arena en ferreterías de confianza, pero que, como parte de la cadena de valor del sector, no tienen forma de saber de dónde proviene. Entiende que el Ministerio de Medio Ambiente debe castigar a aquellos negocios que no hagan "su debida diligencia" para saber si el material procede de espacios autorizados.
Desde que asumió la alcaldía de San Francisco de Macorís, Álex Díaz asegura que ha identificado proyectos que buscan obtener permisos para construcciones inmobiliarias que irrespetan la ribera o el caudal. "No hemos firmado ningún tipo de expediente que apruebe asentamientos o alguna franja para alguien que anda buscando que le legitimen esa parte", enfatiza.
Alerta que la Procuraduría de Medio Ambiente solo se moviliza en el municipio cuando recibe denuncias, pero no porque sus técnicos investiguen o den seguimiento. La Ley 64-00 ordena garantizar una franja de protección obligatoria de 30 metros entre ambas márgenes de las corrientes fluviales y otros cursos de agua.
En Barrio Azul –considerado uno de los sectores que más ha contaminado el Jaya–, el Gobierno reubicó a 128 familias y destruyó las casuchas en las que vivían, recuperando alrededor de un kilómetro de la ribera. Esta iniciativa forma parte del proyecto 3R (Recuperación, Reingeniería y Remozamiento), propuesto por el senador Franklin Romero, que busca mejorar el reordenamiento de la ciudad.
El funcionario detalla que este plan incluye la licitación, a través del Banco Europeo de Inversiones, de un sendero ecológico que rescate la franja del río cercana a este sector y contribuya a sanear el afluente. La iniciativa podría acceder hasta a 80 millones de dólares, una parte en fondos no reembolsables y otra a tasas blandas. Sin embargo, este es un proceso que tomará tiempo.
Mientras tanto, los moradores conviven con los escombros y los enseres que quedaron de aquella demolición, lo que ha agravado la insalubridad del entorno. Medio Ambiente –señalada como la entidad responsable de hacerlo– no ha recogido los desechos, a casi un año de la reubicación.
"Necesitamos ayuda urgentemente", insiste Batista. "Estamos dispuestos a penetrar al río y ayudar, si viene una brigada (a limpiar)".
Oscuro, turbio y, sobre todo, hediondo… Así se describe el río Licey en el tramo que atraviesa las provincias Espaillat y La Vega. Aunque el agua fluye con fuerza y volumen, la calidad del recurso hídrico es deplorable.
La contaminación urbana, sumada al vertido de desechos provenientes de actividades ganaderas, ha convertido este afluente en un escenario de insalubridad y abandono.
Con una longitud de 55 kilómetros, el río Licey desemboca en el Camú. Sobre el puente de la autopista Ramón Cáceres, un ciudadano se acerca en motocicleta al equipo de Diario Libre para denunciar los constantes crímenes ambientales que se cometen contra este recurso.
Relata que, semanalmente, una procesadora de pollos descarga sus residuos en estas aguas, tiñendo el cauce de un rojo oscuro. Además de poner en riesgo la biodiversidad, esta práctica compromete directamente la salud pública.
En el lugar, Diario Libre observó el vertido de agua —aparentemente procedente de un criadero de cerdos— justo en la ribera. La coloración marcaba el rastro de la contaminación hasta el punto donde los desechos comenzaban a diluirse, sumándose a la ya nauseabunda carga de residuos que soporta el río.
Desde el puente de Cutupú, entre las localidades de El Mirador y Las Marías, a unos 10 metros del cauce, el hedor se compara con el de una letrina saturada por el uso.
El especialista en gestión ambiental Félix Díaz Tejada advierte que las señales de degradación del río evidencian el impacto del vertido constante de desechos y contaminantes.
“Aunque este curso lleva mayor caudal —dice—, notamos, en el paso por la autopista Ramón Cáceres, que esos volúmenes provienen de industrias y granjas de cerdos. Eso se aprecia por dos aspectos: el físico, por el color grisáceo del agua, y, para quienes estamos presentes, por el hedor”.
Tan pronto ve al equipo de Diario Libre, una mujer grita desesperada: “¡Hay que hacerle un límite al río! ¡Todo el mundo tira basura! ¡Hay que limpiar el río para que no haya tanta contaminación, que los ratones nos están comiendo!”.
Su presencia fue tan efímera que ni siquiera permitió preguntarle su nombre. La escena ocurre en el río Moca, provincia Espaillat, un afluente que en el pasado fue de mediano caudal y símbolo de refugio para la biodiversidad del municipio.
Hoy su estado deplorable —consecuencia directa de la contaminación urbana— ha reducido su cauce a un mero riachuelo. “Del flujo de caudales que ven, la mayor parte de esos volúmenes son aguas albañales, cloacales, de granjas de cerdos que las depositan acá”, advierte el especialista en gestión ambiental Félix Díaz Tejada.
En el río se acumula todo tipo de basura: fundas plásticas, neumáticos, sofás, colchones, botellas… La lista parece no tener fin. La responsabilidad de este vertedero a cielo abierto recae tanto en los moradores de los sectores Juan Lopito y La Española como en las deficiencias del servicio municipal de recolección de residuos.
Díaz Tejada explica que la degradación del río se aceleró en los años 70, con la masiva instalación de granjas de ganado en las montañas del norte —principalmente en El Mogote y Jamao—, agravada por el cambio climático.
El vertido directo de contaminantes, como los desechos de granjas porcinas, empeora la situación ambiental. Esa carga de putrefacción continúa su curso, escurriéndose como veneno hacia otros afluentes que este cauce alimenta, como el Licey y el Camú.
El río Nizao es uno de los más aprovechados de la República Dominicana para fines agrícolas, de generación energética y de consumo humano. Sin embargo, presenta dos escenarios contrastantes que preocupan a las autoridades y a las organizaciones dedicadas a la conservación de su cuenca, ubicada en la región sureste, con una superficie de 1,039.84 km².
Su cuenca consta de nueve subcuencas distribuidas en 10 municipios que abarcan territorios de las provincias La Vega, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa.
En la parte baja, y en algunas zonas altas, la acumulación de sedimentos ha generado “un caldo de cultivo” para la extracción irregular de agregados, una práctica que, según el Ministerio de Medio Ambiente, ha reducido su caudal.
“El río ha cambiado (…); no debería estar así, con esas lomas de arena”, afirma Laura González, residente en la comunidad de Pizarrete, durante un recorrido por la zona conocida como “Los Charcos”. Aquí, las cavidades dejadas por la extracción se usan con fines recreativos.
“Del contraembalse (Las Barías) para abajo, la situación del Nizao es crítica, y eso lo está provocando la extracción y la poca cobertura boscosa”, señala el hidrólogo Antonio Ortiz Mena, quien recuerda que la zona era usada en el pasado para el cultivo de caña.
En la cuenca alta, la situación es diferente. “La parte alta de la cuenca está ligeramente conservada”, explica Juan Sierra, del Viceministerio de Suelos y Aguas de Medio Ambiente. Sin embargo, reconoce que hace falta mayor intervención para evitar un deterioro similar al de otras cuencas hidrográficas.
La parte alta enfrenta uno de los problemas ambientales más importantes y recurrentes del país: el cambio de uso de suelo, impulsado por factores sociales y económicos que afectan especialmente a las comunidades rurales.
Sierra detalla que en la cuenca alta vive la población más vulnerable, dedicada a la agricultura de subsistencia con cultivos no compatibles con la cobertura boscosa, lo que deja sin protección al bosque natural. Señala que los cultivos en esta zona deben ser agroforestales o forestales.
El hidrólogo Ortiz explica que la conservación del suelo es clave para el equilibrio hídrico. “¿Por qué ese río, aunque no está lloviendo, sigue produciendo agua? Por la humedad que los árboles han ayudado a infiltrar al subsuelo, la cual mantiene el caudal”, dice. Sierra añade que, cuando la lluvia cae, arrastra la capa arable y ensucia los ríos, lo que contribuye a la sedimentación de las presas.
El cambio de uso de suelo ha motivado la creación de programas y proyectos enfocados en la recuperación ambiental del Nizao. Uno de ellos es “Agua por el futuro”, impulsado desde hace más de una década por el Fondo de Agua Santo Domingo, The Nature Conservancy y Bepensa Dominicana (Coca-Cola), para reabastecer el agua de manera natural mediante la reforestación.
Antonio Ortiz Mena y Juan Madera, del equipo ejecutor del proyecto, explican que se han intervenido zonas degradadas con árboles forestales y se ha apoyado a 79 productores de café en la recuperación de cultivos afectados por plagas.
De forma paralela, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolla programas de pagos por servicios ambientales para incentivar la conservación, aunque, según Sierra, estos esfuerzos siguen siendo tímidos y necesitan más recursos.
Durante décadas, el río Ocoa ha sido el corazón que irriga la vida agrícola del sur dominicano. Nacido en las montañas de Valle Nuevo, dentro de la Cordillera Central, sus aguas frías y cristalinas bajan serpenteando entre pinares y laderas hasta fertilizar los valles de Rancho Arriba, Sabana Larga y San José de Ocoa, donde el cultivo de café, aguacate y hortalizas dependen de su cauce.
Hoy, ese paisaje natural apenas sobrevive. En varios tramos el río exhibe lechos pedregosos, márgenes erosionadas y un caudal intermitente que desaparece por completo en épocas de sequía. La falta de cobertura vegetal y el uso intensivo del agua para riego han reducido su caudal ecológico, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como el abastecimiento humano en las comunidades aguas abajo.
La cuenca hidrográfica del Ocoa es una de las más degradadas de la República Dominicana. En la parte media y baja, el panorama se agrava por la extracción de agregados, la ganadería y el crecimiento urbano. La explotación de materiales de río ha alterado su morfología y fragmentado hábitats ribereños. En Baní y Peravia, el Ocoa se ha convertido en un río herido que ya no fluye con la misma fuerza.
En el 2008, la Unión Europea aportó 48 millones de dólares para la rehabilitación del entorno del río, tras las inundaciones que afectaron comunidades de Peravia durante tormentas. Ese proyecto incluyó muros de contención, manejo de suelos y obras hidráulicas.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, las acciones rápidas de restauración ejecutadas en las cuencas Nizao y Ocoa han impactado positivamente en 20 km² de superficie, de los cuales 12 km² corresponden al Ocoa. Estas intervenciones incluyen reforestación, protección de nacientes, conservación de suelos y restauración de cauces degradados.
El plan, iniciado en 2023 con financiamiento público y apoyo técnico de organismos internacionales, tiene una duración de tres años y se ejecuta por etapas. Sin embargo, la falta de vigilancia y el retorno de actividades agrícolas ilegales amenazan con revertir los avances alcanzados en los primeros tramos recuperados.
A pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo crítica. Los moradores ribereños aseguran que el río ya no corre como antes en sus 68 kilómetros de longitud, y temen que, sin políticas sostenidas y control efectivo, el Ocoa termine siendo solo un recuerdo. Su futuro depende de lograr un equilibrio entre producción, conservación y respeto al ciclo natural del agua.
En la comunidad de Piedra Azul, entre las montañas que custodian el nacimiento del río Ozama, el agua todavía es limpia. La corriente baja serena desde el Parque Nacional Loma Siete Picos. Sobre un pequeño montículo de tierra roja, don Homero abre una llave conectada al nuevo acueducto instalado para llevar agua potable directamente desde la naciente. “Esto nos cambió la vida”, dice, mientras el agua cristalina llena un vaso.
A su lado, Carlos Perkins Torres, fundador de Ozama Verde, duda unos segundos antes de beber. “Es increíble —admite—, estamos tomando agua del Ozama”. El gesto es simple, pero tiene la fuerza de una esperanza: la de volver a confiar en un río. Mientras, la gente todavía compra agua de botellón para tomar.
Desde el aire, la cuenca alta del Ozama parece un mosaico de verdes presionados por potreros y cultivos. Torres observa en silencio: sabe que la belleza es frágil. El río se enferma desde arriba. La ganadería y la agricultura intensiva se acercan cada vez más a sus orillas, y en sus 150 kilómetros de largo, las comunidades que crecen sin servicios sanitarios vierten directamente sus aguas negras al Ozama y a sus afluentes.
Lo que en Piedra Azul aún es pureza, pocos kilómetros más abajo comienza a transformarse en un cauce cada vez más castigado. Vertederos como el de San Luis y la estación de transferencia de desechos de Cancino ya tocan el agua, aportando lixiviados y desechos sólidos que van directo al mar.
“El Ozama que conocí era un río limpio —recuerda Torres—. Los muchachos nos bañábamos, cruzábamos el río; era un balneario natural. Hoy prácticamente es un vertedero a cielo abierto”.
Más de 30 años han pasado desde aquella infancia en la que Guachupita, Gualey y La Ciénaga eran nombres asociados a vida y recreo. Con el crecimiento urbano en Santo Domingo, los márgenes se llenaron de casuchas, de vertederos informales y de desechos que convirtieron la orilla en una frontera de miseria.
A pesar del deterioro, Torres no se ha rendido. Desde el 2011, impulsa con su fundación Ozama Verde el programa Escuela Verde, creado en alianza con el Ministerio de Educación. “Enseñamos a los estudiantes de primaria y secundaria sobre reciclaje, cambio climático y saneamiento; luego hacemos jornadas de limpieza y reforestación”, explica.
Con ese modelo, cientos de jóvenes han limpiado cauces, plantado árboles y enseñado a sus familias a separar la basura desde el origen. “La educación —dice— es el primer paso para sanar el río”.
Los años también trajeron nuevas iniciativas. Desde la red Amigos del Río Ozama, comunidades enteras reportan agresiones y vertidos al cauce. “Cuando alguien ve a una empresa o ciudadano que daña el río, nos avisa y denunciamos”, indica Torres. Es un sistema de vigilancia ciudadana que abarca provincias como Monte Plata y Santo Domingo, y que ha permitido crear conciencia incluso en zonas rurales.
Sin embargo, entre la confluencia con el Isabela y la desembocadura en el mar, el Ozama muestra su rostro más herido. Aquí el agua se mezcla con desechos industriales, descargas de aguas negras y restos de vertederos informales. Los tubos de los baños de las casuchas descargan directamente sobre el río, mientras enormes cañadas vierten todo tipo de residuos. El olor es penetrante; la superficie, una mezcla densa de plásticos, espuma y lilas acuáticas, asfixia lo que queda de vida.
Y, sin embargo, la naturaleza resiste. En medio del caos, el Cachón de la Rubia sobrevive como un oasis: un tramo prístino donde las aguas del Ozama se tornan esmeralda y las garzas, yagüasas y martines pescadores aún sobrevuelan los manglares.
Torres ha trabajado durante años para mantener ese refugio verde, igual que en Laguna Manatí, dentro del Parque de los Humedales del Ozama, donde las aves acuáticas se niegan a desaparecer. “A pesar de todo —dice—, la naturaleza se defiende”.
Para Torres, el río es más que un cuerpo de agua: es una memoria viva. “Si el río muere, también muere la comunidad”, repite. En sus palabras hay fe en la educación, en los niños que aprenden a cuidar el entorno, en los vecinos que aún denuncian. Su visión es clara: el rescate debe empezar desde las nacientes, con políticas públicas y compromiso real.
El Ozama, pese a las heridas, todavía recuerda lo que fue. En Loma Siete Picos nace puro; en el Cachón de la Rubia, respira; y al llegar al mar, aunque enfermo, aún lucha por fluir. En su corriente quedan las huellas de una ciudad que lo olvidó, pero también la esperanza de quienes, como Torres, se niegan a dejarlo morir.
Juan Carlos Ortiz deja por un momento sus plantaciones de lechuga en Tireo Abajo, Constanza, y camina para conversar con Diario Libre. Antes de cruzar debajo del puente donde todavía corre un poco de agua del río, señala una parte de la finca en la que las marcas de una goma de camión todavía son visibles. “Allí mataron a mi hermano”, dice.
Ortiz, el cuarto de cinco hermanos agricultores, recuerda cómo bajaba a bañarse en las aguas del Tireo junto con Francisco, el menor de la familia, cuando todo a su alrededor estaba rodeado de árboles y las aguas eran cristalinas.
Ahora mete sus botas entre arenas resbaladizas que dibujan grietas sobre las débiles aguas, mientras rememora a su hermano, asesinado en el 2024 a los 39 años, por un conflicto asociado a la extracción de arena del río, a pocos metros de su residencia.
Si antes dormían con el sonido del agua, la familia Ortiz y sus vecinos se desvelaban con los ruidos de hasta 10 camiones que llegaban cada día a extraer arena. Francisco entró en el conflicto hasta que las tensiones escalaron.
El negocio era rentable: un camión pequeño de arena podía venderse entre 6,500 y 7,000 pesos. Con 10 camiones diarios, la ganancia alcanzaba hasta 70,000 pesos, en un contexto de ausencia de persecución efectiva.
La muerte de Francisco trajo una aparente tregua: bajó el volumen de camiones, pero también cesaron las denuncias por temor a represalias. “Muchos dicen: ‘mira lo que le pasó a Francisco’ ”, lamenta Juan.
Aun así, la extracción no se ha detenido. Julia Guzmán, de Tireo al Medio, asegura que todavía se ven camiones cargando arena a plena luz del día.
A la presión de la arena se suma la agrícola. Manolo Abreu, agricultor, admite que muchos comunitarios botan desperdicios en la orilla, confiados en que las lluvias se los llevarán. La presa de Pinalito, construida en el 2009, acumula plásticos usados en insumos agrícolas que llegan arrastrados por el Tireo.
El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, advierte que se necesitan programas de reforestación y prohibir la siembra en cuencas altas. “Es un trabajo de las autoridades ambientales y municipales, que deben imponer la ley por encima de cualquier agricultor”, señala.
El alcalde de Tireo, Paul Amín Piña Báez, describe la situación del río como “crítica” y pidió al presidente Abinader y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) la canalización inmediata del cauce, junto con un plan de apoyo para los productores que han sufrido pérdidas económicas por las crecidas.
Las intensas lluvias registradas el 19 de octubre del 2025 provocaron el desbordamiento del río, que bajó con furia, ocasionando el colapso de parte de los muros de gaviones construidos por el Indrhi en Tireo. Varias localidades quedaron incomunicadas, se afectaron cultivos y se arrastraron muchos desechos agrícolas.
Los representantes del Consejo de Desarrollo Río Verde Arriba habían preparado un discurso para denunciar los graves crímenes medioambientales que afectan a este afluente. Sin embargo, nada los preparó para el impacto de encontrarse con que aquel cuerpo de agua, que habían visitado apenas un mes antes, había desaparecido por completo en un tramo por donde pasa.
José Tejada y Fulvio Sánchez esperaban que la inclusión del río Verde en su cruzada ayudara a visibilizar la problemática ambiental. No obstante, el silencio que guardaron al llegar al lugar la mañana del 27 de agosto del 2025 fue más elocuente que cualquier pronunciamiento.
Durante años, los comunitarios advirtieron a las autoridades y a la población sobre el impacto de la deforestación, los desechos ganaderos y la extracción continua de arena en la zona. Pese a ello, la ayuda nunca llegó.
El paisaje árido donde se encontraba la confluencia de los ríos Verde y Jimayaco recordaba los escenarios distópicos del cine: un cauce convertido en un lecho seco de arena y grava.
Al recorrer varios metros, podían apreciarse las capas de tierra y las formaciones geológicas de lo que alguna vez fue un curso de agua, semejante a la exposición de un cadáver en una clase de anatomía.
Las lluvias del 25 de octubre, provocadas por el paso de la tormenta Melissa, dejaron pequeños charcos que pronto podrían desaparecer.
En otra sección del río, localizada en El Mamey, en la misma provincia de La Vega, todavía queda algo de agua. El riachuelo que sobrevive refleja con claridad la decadencia progresiva de este ecosistema.
A sus 79 años, Idalio Moronta recuerda con nostalgia cómo antes era un placer disfrutar de aquellas aguas cristalinas. “Aquí había charcos en los que uno no se atrevía a tirarse, pero ahora es un arroyo”, dice afligido.
En este tramo había pocilgas con desagües que desembocaban directamente en el río, las cuales fueron clausuradas recientemente. El principal problema que persiste es la extracción de agregados, una práctica que —según denuncian los residentes— se realiza en complicidad con las autoridades.
Aseguran que la impunidad es tan profunda que basta con pagar una cuota para eludir las consecuencias legales. Las sanciones, dicen, se han transformado en un tributo al delito, lo que ha llevado a la comunidad a perder las fuerzas para continuar la lucha.
Quienes vivieron en Santiago en la primera mitad del siglo XX recuerdan el río Yaque del Norte como un afluente caudaloso, con aguas limpias donde era posible bañarse sin temor. Sus orillas estaban rodeadas de árboles y era fuente de recreo para familias enteras. Incluso, el “Yaque dormilón” inspiró canciones y poemas.
“La gente podía bañarse en cualquier punto del río sin miedo a enfermarse, porque el agua corría limpia”, recuerda Olmedo León, miembro de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci).
Hoy el panorama es distinto. El caudal que llega a Santiago ya está disminuido, en gran medida porque dos canales de riego —el Ulises Francisco Espaillat y el Monsieur Bogaert— extraen buena parte del agua al llegar a la ciudad.
“Lo poco que corre por el cauce recibe aguas residuales sin tratar, basura y descargas industriales”, advierte Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo (Apedi). Los principales afluentes urbanos, como Gurabo y Jacagua, arrastran desechos sólidos y líquidos directamente al río.
La degradación comenzó a mediados del siglo XX con los aserraderos y la explotación forestal. Luego se expandió la frontera agrícola y la ganadería en zonas de pendiente, reduciendo la cobertura boscosa. A esto se sumaron la minería de agregados, el crecimiento urbano desordenado y la ausencia de plantas de tratamiento.
Jarabacoa, donde nace el río, descarga sus aguas negras directamente al cauce. Lo mismo ocurre en Santiago, donde la expansión inmobiliaria ha ignorado la obligación de construir sistemas de manejo de desechos. “De cada seis metros cúbicos que consume Santiago por segundo, 4.5 terminan en el río sin tratamiento”, advierte León.
La cuenca del Yaque del Norte es la más grande del país. Este tiene una longitud de 201 kilómetros. Su nacimiento ocurre en las estribaciones de la Cordillera Central, en la loma La Pelona. Se registraron bajas concentraciones de oxígeno disuelto (< 5mg/L, insuficiente para sustentar la vida acuática) en algunas fechas y sitios de muestreo de la cuenca, de acuerdo con mediciones de las autoridades.
Aunque la Ley 64-00 prohíbe los vertidos contaminantes, la falta de una autoridad única sobre la cuenca permite construcciones ilegales, deforestación en zonas altas y vertidos constantes. Incluso, denuncian ecologistas, el Banco Agrícola ha financiado monocultivos en terrenos de alta pendiente sin exigir medidas de conservación.
A lo largo de las décadas se han anunciado planes millonarios para rescatar el Yaque, como los 300 millones de pesos prometidos en 2015 de los que apenas llegaron 30 millones. En 2018 se creó una comisión presidencial, pero los recursos tampoco fluyeron como se esperaba.
Hoy, se ejecutan proyectos como el saneamiento del arroyo Gurabo, con más de 3,265 millones de pesos invertidos, que ya redujo en 25 % la contaminación que vertía al Yaque. A esto se suman colectores de Coraasan en sectores de Santiago, iniciativas municipales de limpieza y programas del Plan Sierra y el Fondo Agua Yaque del Norte en la cuenca alta.
La añoranza de aquel “Yaque dormilón” sigue viva en los santiagueros de más edad. Pero especialistas insisten en que no todo está perdido: con una gestión integral de la cuenca, educación ambiental y cumplimiento de la ley, el río podría volver a ser un símbolo de vida y desarrollo sostenible.
Parado sobre una pila de rocas en la ribera del Yaque del Sur, Eury Félix recuerda cómo sus aguas calmaron su sed y fueron fuente de alimento y recreación para los comunitarios de Hato Nuevo Cortés, una localidad de la provincia de Azua. Eran limpias, cristalinas y frescas.
“Tomábamos el agua y cocinábamos. Uno la agarraba de ahí mismo. Y cuando era del caudal arriba, ahí era como que uno se la encontraba buena, porque tenía como un dulcito. Ahora mismo no. Aunque esté limpia, usted la huele y huele como a aguas negras”, lamenta el agricultor.
A pocos metros de donde está, señala un tramo del río que llegó a ser un balneario muy concurrido por residentes y visitantes. “Cuando los balnearios eran allá, y venía gente en Semana Santa, eso era como unas patronales: la gente venía mucho, disfrutaba y así. Pero las crecientes del río han devaluado todo eso”, afirma.
En una zona tradicionalmente conuquera, Félix es consciente de que lo que ha degradado el cauce de esta importante arteria hídrica del sur está relacionado con la actividad humana, incluyendo la contaminación por desechos sólidos y cloacales.
Antes, asegura Félix, toda el área estaba llena de sembradíos de plátanos, guineos, yuca, batata y guandules, cultivos que se dejaron de sembrar debido a las constantes crecidas ocasionadas por las lluvias, que también han variado continuamente el curso del río.
En ese tramo del Yaque del Sur desembocan las aguas del Viajama, un río históricamente conocido por ser estrecho y reducido, pero que se torna altamente violento cuando llueve. La contaminación en la ribera y dentro del río —con edificios que vierten desechos en él— es visible.
“Anteriormente, a 200 metros de aquí, pasaba la carretera Sánchez vieja, que comunicaba con San Juan. Había un puente de acceso, y ese puente fue derrumbado totalmente por el caudal del río Viajama. En tiempos de fenómenos naturales, es un río caudaloso y peligroso”, asevera Patricio Matos, también agricultor.
Sostiene que los comunitarios de Hato Nuevo Cortés han pedido su canalización en reiteradas ocasiones. “No ha habido ninguna autoridad competente, ni ayuntamiento ni Obras Públicas del Estado, que haya canalizado el río para que no siga su cauce hacia la comunidad”, deplora.
Tras la construcción de la presa de Monte Grande, este distrito municipal ha solicitado al Gobierno su reubicación en otras tierras productivas, temiendo que las crecidas de ambos afluentes, sumadas a un posible desbordamiento de la presa —como el ocurrido en noviembre de 2024— afecten a 2,500 familias y más de 9,500 tareas de tierra, sin recibir respuestas ni compensaciones hasta el momento.
Matos está convencido de que esta situación “amenaza con la destrucción de la comunidad”.
Valentín Ramírez ha pasado sus 44 años en Caribe, una comunidad de Bonao donde solo quedan recuerdos de lo que fue el caudaloso río Yuna. Con resignación, evoca un curso de agua abundante, rodeado de árboles, que servía para las labores domésticas y como espacio de recreo al que acudían familias incluso de otras provincias.
Hoy la escena es distinta. En su paso por Caribe, El Verde y Los Platanitos, en Bonao, el Yuna muestra poca agua y menos árboles. Sus orillas, castigadas por el sol, se alejan del paisaje idílico que describe Valentín. La tala indiscriminada, la extracción ilegal de materiales y un vertedero cercano han maltratado el entorno.
Todos los días, sin permisos y a plena vista de la comunidad, camiones sin placas transitan por la franja del río para extraer agregados. A esto se suma un vertedero en El Verde, a solo 400 metros de la orilla, desde donde la basura termina arrastrada hasta las aguas.
El Yuna nace en la sección La Ensenada, distrito municipal Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel. Es el segundo río más importante del país y recorre 210 kilómetros hasta desembocar en la bahía de Samaná.
Estudios reportan bajo pH, alta conductividad y presencia de metales pesados como hierro y níquel en tramos de su cuenca, además de contaminación por descargas residuales municipales e industriales que no reciben tratamiento adecuado.
El director provincial de Medio Ambiente en Monseñor Nouel, Gregorio Núñez, reconoce que el mayor desafío para proteger el río es la extracción ilegal de materiales. Explica que la práctica persiste porque los tribunales imponen sanciones leves que, en lugar de frenar, incentivan la reincidencia.
Mientras camiones y empresas operan sin identificación, solo existe un permiso legal vigente: el otorgado a la Corporación Minera Maimón III, limitado a tres meses, 30,000 metros cúbicos y una extracción que no debe superar los dos metros de profundidad.
Núñez añade que el Yuna también sufre por la perforación de pozos tubulares y la tala indiscriminada de árboles, muchas veces realizadas en horario nocturno, fuera del alcance de los operativos.
Para contrarrestar los daños, la institución mantiene un vivero destinado a la reforestación de las riberas y ha reforzado la vigilancia en las tardes, con la intención de frenar la tala y preservar la vegetación que aún resiste en torno al río.